Declaración de los copatrocinadores: Reunión de alto nivel en defensa del derecho internacional — Nueva York, 25 de septiembre de 2026
En un momento de profunda tensión en el orden jurídico internacional, la República de Sudáfrica y Malasia convocaron la Reunión de Alto Nivel en Defensa del Derecho Internacional en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 25 de septiembre de 2026.
La reunión congregó a 40 Estados, representados por ministros de Relaciones Exteriores, ministros de Justicia y diplomáticos de alto rango, junto con representantes de organizaciones intergubernamentales y expertos en derecho internacional, para analizar una cuestión fundamental: ¿cómo pueden los Estados actuar colectivamente para garantizar que el derecho internacional no solo se proclame, sino que se haga cumplir, y que las instituciones encargadas de defenderlo estén protegidas contra los intentos de debilitar su independencia y su funcionamiento efectivo?
Los participantes presentaron una serie de propuestas concretas para fortalecer la aplicación y el cumplimiento del derecho internacional. Entre ellas se incluían la consideración de un nuevo mecanismo de las Naciones Unidas, basado en la experiencia del Comité Especial contra el Apartheid, para supervisar la aplicación, informar sobre el cumplimiento y facilitar la acción coordinada entre los Estados; esfuerzos continuos para lograr un embargo de armas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Israel; y medidas coordinadas para proteger a la Corte Penal Internacional, a sus jueces y a sus funcionarios de amenazas, sanciones e intimidación.
La Carta de las Naciones Unidas estableció un orden internacional basado en la igualdad soberana de los Estados, la solución pacífica de las controversias, el respeto al derecho internacional y la igualdad de las naciones, grandes y pequeñas. Ochenta y un años después, estos principios enfrentan profundos desafíos. Continúan las graves violaciones del derecho internacional en múltiples contextos, mientras que las instituciones y las personas encargadas de defenderlo enfrentan una creciente presión política, financiera y coercitiva.
Los participantes reafirmaron que la defensa del derecho internacional no puede depender del lugar donde se produzcan las violaciones, de quién las cometa ni del poder político de los Estados involucrados. La aplicación coherente del derecho internacional es esencial para la legitimidad y la integridad del sistema multilateral.
Los representantes de los Estados destacaron que la situación en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, sigue siendo una prueba urgente para ese sistema. Los órganos judiciales internacionales han emitido sus dictámenes, entre ellos la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 19 de julio de 2024. La Asamblea General actuó en función de esas determinaciones mediante la resolución A/RES/ES-10/24. Sin embargo, continúan las graves violaciones, la rendición de cuentas sigue siendo difícil de lograr y persisten las estructuras de ilegalidad e impunidad. Por lo tanto, el desafío que enfrenta la comunidad internacional no es simplemente el de establecer normas jurídicas, sino el de darles efecto práctico.
Los debates en la Reunión de Alto Nivel se centraron en tres prioridades interrelacionadas.
Hacia un nuevo multilateralismo
Los participantes reafirmaron la igualdad soberana de los Estados y la necesidad de un sistema multilateral capaz de proteger los derechos iguales de las naciones, grandes y pequeñas. En los debates se hizo hincapié en la importancia de fortalecer la cooperación entre los Estados en defensa de la Carta y se analizaron propuestas para renovar los mecanismos multilaterales capaces de responder a las violaciones persistentes y sistemáticas del derecho internacional, incluyendo la consideración de un mecanismo de las Naciones Unidas que se base en la experiencia del Comité Especial contra el Apartheid de 1962.
De la complicidad al cumplimiento
Los participantes debatieron la responsabilidad de los Estados de dar cumplimiento efectivo a sus obligaciones vigentes en virtud del derecho internacional, incluidas las obligaciones de terceros Estados que surgen en situaciones de graves violaciones. Las propuestas incluyeron fortalecer la coordinación entre los mecanismos nacionales e internacionales; compartir experiencias sobre las medidas ya adoptadas por los Estados; y continuar los esfuerzos para lograr un embargo de armas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Israel.
Los participantes hicieron hincapié en que las obligaciones legales deben reflejarse en las decisiones prácticas que los Estados toman en sus sistemas nacionales y que una mayor coordinación puede fortalecer la eficacia de las medidas adoptadas por cada Estado.
De la impunidad a la rendición de cuentas
Los participantes expresaron su preocupación por los esfuerzos destinados a debilitar u obstaculizar a las instituciones encargadas de defender el derecho internacional. Señalaron los intentos de intimidar, sancionar o debilitar de cualquier otra forma a los tribunales internacionales, a sus jueces y funcionarios, a los titulares de mandatos de las Naciones Unidas, a las organizaciones de derechos humanos y a otros actores que cumplen mandatos relacionados con la defensa del derecho internacional.
Se expresó especial preocupación por la intimidación, las amenazas y las sanciones dirigidas contra la Corte Penal Internacional, sus jueces y funcionarios. Los participantes analizaron medidas mediante las cuales los Estados puedan proteger colectivamente la independencia y el funcionamiento efectivo de la Corte y otras instituciones jurídicas internacionales, oponerse a las represalias contra quienes cumplen sus mandatos y apoyar la implementación y el cumplimiento de sus decisiones.
En la reunión se subrayó que las instituciones internacionales no pueden defender por sí solas el orden jurídico internacional. La aplicación de sus decisiones depende de los Estados, y su independencia requiere que estos defiendan su capacidad para cumplir sus mandatos sin intimidación ni represalias.
Los participantes destacaron además la importancia de una mayor coordinación entre los Estados. La acción colectiva puede fortalecer la aplicación, aumentar la eficacia de las medidas adoptadas a nivel nacional, reducir la fragmentación y apoyar a los Estados que enfrentan amenazas o presiones por actuar de manera coherente con sus obligaciones jurídicas internacionales.
Nosotros, los copatrocinadores de la reunión, acogemos con beneplácito las perspectivas y propuestas presentadas durante la reunión de hoy y continuaremos las consultas con los Estados participantes sobre las vías de cooperación práctica que surjan de estos debates.
Reafirmamos nuestra convicción de que la autoridad del derecho internacional no se deriva únicamente de su proclamación, sino de su aplicación.
Reafirmamos la Carta de las Naciones Unidas y su promesa de igualdad de derechos y autodeterminación de los pueblos, así como de igualdad de derechos de las naciones, grandes y pequeñas.
Afirmamos que el derecho internacional debe aplicarse de manera equitativa y coherente; que las instituciones internacionales deben poder cumplir sus mandatos de manera independiente y sin intimidación ni represalias; que las violaciones graves deben acarrear consecuencias; y que los Estados deben cooperar para dar efecto práctico a sus obligaciones internacionales.
La alternativa es un orden internacional en el que el poder determine qué leyes se respetan, qué sentencias se aplican y qué derechos se protegen.
Ese no es el orden internacional prometido por la Carta.
La defensa del derecho internacional no es, por lo tanto, responsabilidad de ningún Estado, región o institución en particular. Es una responsabilidad común.
Excmo. Sr. Ronald Lamola
Ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación de la República de Sudáfrica
Excmo. Sr. Mohamad Hasan
Ministro de Relaciones Exteriores de Malasia
